A continuación se dará a conocer cómo es y en qué consiste la intervención del psicólogo con niños, niñas y adolescentes atendidos por el Servicio Nacional de Menores (SENAME), principal organismo estatal que trabaja con un gran porcentaje de niños que suelen ser vulnerados en sus derechos. Además se expondrán aspectos del avance histórico como también aspectos que dicen relación con nuestra sociedad y sus políticas.
En Europa y Estados Unidos a partir de los años 60 el problema de niños institucionalizados, era abordado desde un perfil humanitario, reflejando sensibilidad social y una moralización de las elites políticas e intelectuales de esa época. Sin embargo, al correr los años, ésta visión cambia radicalmente, ya que se reconoce que la transgresión a la norma era una construcción social, es decir, el resultado de la sociedad y de su historia (Rojas, 2001).
Con respecto a nuestro contexto nacional, ha habido avances respecto a lo que significa la institucionalización. Hoy existen los Derechos de los Niños y recientemente la Convención de los Derechos de los niños, niñas y adolescentes, la cual enfatiza en una fuerte imagen de la niñez y el lugar que ocupan en la sociedad, pretendiendo además lograr que la familia se vuelva a hacer cargo del niño/a, asumiendo su rol y manteniendo de su función como principal agente de socialización (Goffman, 1984 citado en Garbi, Grasso & Moure, 2007).
Lo que pretende hoy en día, es potenciar un desarrollo de un apego sano, a mejorar el estilo de apego actual o a intervenir sobre condiciones o consecuencias asociadas al desarrollo de trastornos de apego (reparatorias) con los niños. Para ello las instituciones trabajan junto a un equipo multidisciplinario compuesto por un número variable de especialistas en asuntos de infancia y familia, entre los que se encuentran asistentes sociales, psicólogos, orientadores familiares, abogados entre otros (SENAME, 2008).
De acuerdo a lo anterior, el rol del psicólogo en sus diferentes ámbitos surge siempre ante una demanda social, específicamente en psicología jurídica, donde debe realizar sus prácticas acorde con la ley en este contexto. Por otra parte deberá aplicar evaluaciones psicológicas con el fin de diagnosticar a niños y jóvenes involucrados en hechos delictuales, apoya a sujetos mediando su protección judicial, realizando talleres dirigidos al apoyo en su reinserción escolar potenciándoles al desarrollo de redes sociales (Foladori, 2005).
Lo positivo de estas nuevas medidas es que restringe la institucionalización del niño, fortaleciéndose lo ambulatorio e incentivando el trabajo con las familias. Además se presentan una serie de desafíos para avanzar en el diseño, implementación y evaluación de programas de intervención orientados a la salud mental infantil y la protección de la infancia, y se espera que en un futuro cercano se multipliquen los avances en esta materia, para así alcanzar como país las metas actuales del Sistema de Protección Integral a la Infancia.
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